José García Vázquez
Manager de Soluciones ESG para Construcción
AENOR
La contratación pública española está integrando progresivamente criterios de sostenibilidad en los proyectos de construcción, aunque persiste un importante desequilibrio entre las dimensiones ambiental, social y de gobernanza (ESG), siendo la social la predominante.. Esta es una de las principales conclusiones del primer informe del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, elaborado por PwC y AENOR, y presentado recientemente en una jornada celebrada en la sede de PwC.
El análisis revela que solo el 14 % de los 300 pliegos estudiados incorpora criterios de sostenibilidad, lo que pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una construcción verdaderamente sostenible y alineada con los principios de la Taxonomía Europea.
La presentación del informe reunió a representantes de Administraciones públicas, promotores, constructoras, fabricantes y entidades de evaluación para analizar los retos de la sostenibilidad en la contratación pública.
La jornada fue inaugurada por Miren Tellería, socia responsable del sector inmobiliario de PwC, quien destacó la necesidad de reducir la distancia entre los compromisos de sostenibilidad y su aplicación efectiva.
A continuación, Fernando Belbel, director del Departamento de Derecho Público y Derecho Regulatorio de PwC, presentó las principales conclusiones del estudio y señaló los desafíos que aún existen para medir y trasladar el impacto real de los criterios ESG a los procesos de contratación.
En la mesa redonda, moderada por Yolanda Villaseñor, directora de Certificación de Producto de AENOR, los participantes coincidieron en que uno de los principales desafíos es trasladar los compromisos de sostenibilidad a la ejecución real de los proyectos y disponer de métricas homogéneas que permitan verificar su cumplimiento.
César Frías, CEO de Morph, Cristina Mínguez, responsable de la implementación operativa de criterios ESG y Taxonomía Europea en proyectos de construcción e infraestructuras de ACCIONA, Guillermo Estévez, CEO de Gradual Homes (Pryconsa), Ignacio Cortés, vicepresidente del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones públicas, Jaime Salido, de Gewiss Ibérica, y Alfredo Sanz, presidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, fueron los integrantes de esta mesa redonda.
El cierre de la jornada corrió a cargo de Alfredo Berges, presidente del Observatorio de Construcción Sostenible en las Administraciones Públicas, quien recordó uno de los datos más significativos del informe: únicamente el 14 % de los pliegos de contratación pública analizados incorpora algún aspecto de la sostenibilidad.
300 pliegos analizados para medir la sostenibilidad en la contratación pública
El informe analiza 300 pliegos correspondientes a 100 entidades, entre ellas 24 empresas públicas y 76 administraciones territoriales. Los resultados muestran que la sostenibilidad se aborda principalmente desde una perspectiva ambiental, que concentra el 63 % de las cláusulas identificadas, frente al 25 % de gobernanza y el 13 % de carácter social.
Solo 42 de los 300 pliegos evaluados incorporan al menos la mitad de los 28 criterios analizados por el Observatorio, mientras que únicamente el 2 % de las administraciones examinadas alcanza un nivel de sostenibilidad integral.
Según el informe, la sostenibilidad en construcción debe abordarse desde una perspectiva global que contemple todo el ciclo de vida del edificio y su cadena de valor, integrando aspectos ambientales, sociales y de gobernanza mediante criterios objetivos, medibles y verificables.
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La sostenibilidad ambiental concentra la mayoría de los requisitos
Las cláusulas ambientales son las más extendidas en los pliegos de contratación pública. La gestión de residuos aparece en el 71 % de las entidades analizadas, seguida por la adecuación de la obra al entorno (53 %), el uso de energías renovables (51 %) y la eficiencia energética (38 %).
El estudio concluye que la gestión de residuos constituye actualmente el principal eje de la sostenibilidad ambiental en la contratación pública. Sin embargo, la limitada presencia de criterios relacionados con materiales, agua o certificaciones ambientales mantiene un enfoque parcial basado, en muchos casos, en actuaciones aisladas.
Los criterios sociales siguen asociados al cumplimiento normativo
La dimensión social continúa siendo la menos desarrollada. Las cláusulas sociales se concentran principalmente en medidas vinculadas a obligaciones legales ya existentes, como la preferencia por empresas que emplean a personas con discapacidad, presente en el 97 % de las entidades analizadas, o por aquellas que aplican medidas de igualdad de género, identificadas en el 81 %.
Sin embargo, el informe señala que estos criterios suelen utilizarse como mecanismos de desempate y no como requisitos que tengan una incidencia directa en la ejecución de los contratos o en la generación de impacto social real.
La gobernanza, asignatura pendiente de los pliegos
En materia de gobernanza, la gestión de riesgos es el criterio más habitual y aparece en el 53 % de las entidades estudiadas. A continuación figuran la identificación de puntos críticos (31 %), la ciberseguridad y seguridad de la información (19 %) y los programas de compliance (17 %).
El Observatorio advierte, además, de una carencia generalizada de mecanismos de seguimiento y control. Aunque los licitadores adquieren compromisos específicos durante el proceso de contratación, los pliegos rara vez incorporan sistemas estandarizados para verificar su cumplimiento durante la ejecución de los proyectos. Esta falta de trazabilidad dificulta medir resultados, detectar desviaciones y aplicar medidas correctoras.
Materiales y ciclo de vida: áreas con amplio margen de desarrollo
Otro de los hallazgos relevantes es la escasa atención prestada a los materiales de construcción. Los pliegos analizados conceden más importancia a la fase de uso de los edificios y al final de su vida útil que a los propios materiales y procesos constructivos, a pesar de su relevancia para reducir el impacto ambiental.
De los 28 tipos de cláusulas evaluadas, únicamente cuatro están relacionadas con materiales y ninguna incorpora criterios sociales o de gobernanza. Cuando se incluyen requisitos ambientales, estos suelen limitarse al contenido reciclado y carecen de parámetros homogéneos para verificar su cumplimiento.
Siete prioridades para impulsar aún más la sostenibilidad
A partir de los resultados obtenidos, el informe identifica siete ámbitos prioritarios de mejora. Entre ellos destacan la necesidad de equilibrar la presencia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza; reforzar la trazabilidad y supervisión de los compromisos ESG; incorporar métricas verificables; y avanzar hacia un enfoque integral basado en el ciclo de vida de los activos.
El Observatorio también propone fortalecer los requisitos asociados a materiales, residuos, agua, energía y emisiones, así como impulsar el uso de estándares comunes y certificaciones que permitan medir de forma homogénea el desempeño sostenible de los proyectos.
Las soluciones de AENOR para una construcción más sostenible
En este contexto, AENOR se ha consolidado como un actor clave en la transformación sostenible del sector. Con la certificación Edificio Sostenible, impulsa prácticas que no solo mejoran el desempeño ambiental de los edificios, sino que también promueven el bienestar de las personas y la transparencia empresarial en el sector de la fabricación de materiales de construcción, alineándose con los criterios de la Taxonomía europea y el marco Level(s).
Dentro del Ecosistema de construcción sostenible de AENOR, la certificación de Edificio Sostenible se ha actualizado para incorporar indicadores que cubren todos los requerimientos de la Taxonomía europea. Por último, las soluciones de Reforma Sostenible y Rehabilitación Sostenible se integran bajo el paraguas de su hermana mayor Edificio Sostenible.
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